Estado de excepción y fin de la inmunidad parlamentaria en Venezuela

La Mesa de la Unidad Democrática aceptó participar en el complicado proceso de validación de partidos políticos convocado por el Consejo Nacional Electoral. Contra todo pronóstico, y sorteando dificultades propias del clima autoritario que impera en el país, las organizaciones más importantes de la alianza opositora aseguran haber logrado las cuotas solicitadas para no quedar proscritas. En el camino, diversos partidos pequeños tanto del chavismo como de la oposición, han decidido no participar. No es para menos: el mecanismo impuesto exige que cada partido debe recoger la voluntad del 0,5% del electorado en al menos 12 de las 23 entidades territoriales.

El Partido Comunista de Venezuela y Patria Para Todos, aliados del oficialismo, impugnaron el proceso. Estas toldas no solo se cuestionan la inequidad y el menosprecio a las organizaciones políticas con la mesa servida para su ilegalización, sino que recuerdan el miedo latente a una nueva Lista Tascón[1] para perseguir a la disidencia. El propio secretario general del PCV, Oscar Figuera, alertó lo siguiente: “No nos vamos a subordinar a las normas de un sentencia del TSJ que ha decido aplicar el CNE, porque nosotros no le vamos a hacer el favor a los capitalistas de elaborarles un listado con la huella biométrica de nuestros camaradas, para que lo publiquen en internet y para que a la semana siguiente nuestros militantes sean despedidos de sus trabajos”.

Hasta el momento solo cuatro partidos opositores afirman tener el 0,5% de las firmas validadas: Avanzada Progresista, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática. Es factible que el proceso se demore y tarde lo que resta del año tomando en cuenta experiencias anteriores en las que el CNE demoró más de lo previsto en ofrecer resultados, regularizar impugnaciones y disipar dudas sobre las fechas electorales. Declaraciones como las del ex ministro de Chávez y hoy diputado, Pedro Carreño, siembran incertidumbre: “ningún partido ha validado”.

En ese contexto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que de facto se encuentra por encima del mismo Tribunal y del resto de los poderes públicos en la Venezuela chavista, abrió un juicio (a solicitud del diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada minoritaria del PSUV) para actuar de forma exprés generando una sentencia que anula el Acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 21 de marzo de 2017 alentando la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, inicia “la apertura de un proceso de control innominado de la constitucionalidad”, ordena al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela a que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional” invocando un “estado de excepción”, y redefine los límites de la inmunidad parlamentaria asomando la posibilidad de iniciar juicios penales a diputados.

La sentencia, que se suma al bloqueo sistemático de las decisiones del cuerpo Legislativo, da espacio (inconstitucional, por supuesto) para que Nicolás Maduro prescinda de los acuerdos suscritos por Venezuela ante la OEA y cualquier otro organismo internacional, declare el “estado de excepción”, y haga uso discrecional de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para perseguir y acorralar a la oposición que se encuentra, de acuerdo con el TSJ, en “desacato y omisión legislativa continuada”.

Es necesario recordar que también Hitler actuaba de forma excepcional para defender la seguridad nacional. Lo mismo Mussolini, Franco, Stalin, Sadam Hussein… Hoy Kim Jong-un “defiende” a Corea del Norte, como lo hace Alexandr Lukashenko en Bielorrusia, Emomali Rajmonov en Tayikistán, Omar al-Bashir en Sudán o Raúl Castro en Cuba. Las dictaduras siempre han justificado su condición totalitaria y cruel en la defensa de una legalidad que se ajusta a sus intereses.

La MUD ha desafiado al régimen y demuestra su mayoría popular con la validación de los partidos en las condiciones más adversas, pero el gobierno de Nicolás Maduro persiste en su mano de hierro. No retrocede ni negocia. La democracia ya no existe en Venezuela. ¿Comenzará el resto del mundo a hablar de “dictadura” al referirse al régimen chavista?

***

Ángel Arellano

 

[1] Se conoce como “Lista Tascón” el listado de todas las personas que firmaron para convocar el Referendo Revocatorio contra el gobierno de Hugo Chávez en el año 2004 y que el Consejo Nacional Electoral entregó al diputado chavista del Movimiento Quinta República, Luís Tascón, quien luego develó en Internet esta información que terminó siendo usada sistemáticamente por el gobierno como un clasificador que buscaba excluir a los firmantes de los puestos de trabajo en Petróleos de Venezuela y el resto de la administración pública. El caso de la “Lista Tascón” fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la más grande violación al derecho al sufragio, a la asociación, a la libertad de expresión, al trabajo y a la tutela judicial efectiva en la historia de Venezuela.

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