La debilidad de la oposición en Venezuela

 

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Fuerzas policiales del chavismo detonaron explosivos en oficinas del ex candidato presidencial Henrique Capriles en Caracas. Foto: elestimulo.com

Cuando se instaló el Diálogo con el gobierno el año pasado, donde la MUD aceptó la mediación de mesoneros del chavismo como Rodríguez Zapatero, el referendo revocatorio no estuvo en la mesa. Paradójico, porque fue la cancelación ilegal de este mecanismo constitucional por parte de todos los poderes controlados por el PSUV, lo que devino en gigantescas marchas y en la instancia de Diálogo. La MUD priorizó sus exigencias en el siguiente orden: liberación de presos políticos, reconocimiento de la AN, elecciones en Amazonas, nuevo CNE, nuevo TSJ, apertura de canal humanitario para donaciones y Referendo Revocatorio o elecciones generales. Bien sabemos que eso no llegó a nada y pulverizó las aspiraciones de revocar a Maduro por vía electoral.

En este momento, la sociedad está nuevamente movilizada en rechazo al golpe de estado que la Justicia chavista publicitó osadamente con dos sentencias que terminaron de liquidar el Parlamento Nacional. El liderazgo opositor se puso otra vez en la cabeza de las marchas. Hay más presos, más heridos, más torturados, más perseguidos, más intoxicados por gases lacrimógenos, e incluso se habla de algunos muertos en protestas (hasta ahora uno confirmado). El mensaje de la MUD no es el mismo. Todos hablan de salir de Maduro, pero algunos priorizan las elecciones regionales y municipales, otros hablan de elecciones generales, otros de rebelión cívica y otros de desconocer el poder vigente e invocar el artículo 350 de la Constitución*.

Paradójico (una vez más) pero la destitución y procesamiento judicial de los Magistrados golpistas va desapareciendo de la mesa y gradualmente el discurso va retomando la lista de peticiones anteriores. Cito declaraciones que hizo ayer Henrique Capriles: “[Exigimos] elecciones, canal humanitario, alimentos y medicinas, respeto a la Asamblea Nacional, que anulen todas las sentencias que han dictado para desconocer lo que nosotros decidimos con nuestros votos y liberación de los presos políticos”.

Mientras la dirigencia de la MUD ha demostrado una real disposición a inmolarse por el rescate de la democracia venezolana exponiéndose físicamente en cada protesta y  sufriendo la represión más cruenta que ha podido articular la dictadura de Maduro, ha dejado al descubierto al mismo tiempo una alta debilidad para resumir (y unificar) su mensaje y desarrollar una estrategia efectiva que presione a un régimen decidido a resistir al costo que sea.

Cientos de miles de personas están en las calles protestando diariamente. No obstante, las cosas en Miraflores muestran cierta tranquilidad por más que los profetas del desastre (o amigos-confidentes de una fuente cuyo primo es familiar lejano del tío de un tipo que tiene un hermano enchufado en la cúpula militar) aseguren que hay fisuras mortales en el seno del chavismo. El Ejecutivo retoma el método de concentrar todos sus esfuerzos en salvar el pellejo día a día, sin importar el mañana ni la crisis generalizada que sufren los venezolanos. Prioriza el escándalo político por encima de la catástrofe humanitaria.

Ante esta situación son ¿las elecciones regionales y municipales suficientes para desplazar al chavismo del poder? ¿Abrir un “canal humanitario” es viable para apaciguar? ¿Liberar a todos los presos políticos cambia la situación actual? ¿Anular las más de 50 sentencias del TSJ contra la AN harán que el Legislativo pueda controlar al Ejecutivo? Lamentable no. Finalmente, la interrogante que sintetiza nuestra preocupación es ¿por qué el discurso de la oposición se va desenfocando progresivamente? Estamos a tiempo de rectificar, antes de que la calle se enfríe y la depresión colectiva se profundice.

***

Ángel Arellano

 

*Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

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