Latinoamérica frente a la crisis en Venezuela

 

Luego de dos meses de masivas protestas de calle, y con un alarmante saldo de muertes, lesionados y detenciones a consecuencia de la represión estatal, han sido numerosos los pronunciamientos internacionales exigiendo al régimen de Nicolás Maduro la convocatoria de un proceso electoral en la búsqueda de restablecer el hilo democrático.

La situación en Venezuela, no obstante, se encuentra lejos de normalizarse. Si bien la mayoría de los países de la región han manifestado su descontento, la prudencia reina. ¿Cuáles han sido las reacciones frente a la instalación de una nueva dictadura en el continente? Revisaremos algunas posiciones.

El doloroso e indignante escenario que reseña la prensa a diario, demuestra la obstinación del chavismo por preservar el poder a costa de lo que sea, llevándose por delante la vida de más de 60 manifestantes opositores, dejando a miles de heridos y presos[1], cooptando la autonomía de tribunales y del Consejo Nacional Electoral, convocando un proceso constituyente para sustituir la Asamblea Nacional y prolongando la parálisis económica.

El recrudecimiento de las acciones del Ejecutivo venezolano, escudado tras la fuerza de las armas, ha ocasionado que la comunidad internacional eleve condenas de carácter oficial, haga llamados al restablecimiento del orden legal, civil y constitucional, y respalde en los distintos medios de presión diplomáticos para expresar el repudio ante acciones que día a día se difunden a través de las redes sociales. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para acorralar a Maduro.

Perú fue el primer Estado que retiró a su cuerpo diplomático en Caracas, desde finales de abril, y pidió a otros países secundar su iniciativa. Chile llamó a rendir informes a su embajador a principios del mismo mes. Al igual que Colombia, Honduras citó a su encargado de negocios a mediados de mayo. Son estos cuatro países los que hasta el día de hoy han tomado las medidas más enfáticas.

Por su parte, Mauricio Macri recibió en Argentina a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y expresó mediante comunicado oficial la urgencia de contar con un calendario electoral para enfrentar por la vía institucional la crisis de gobierno. En ese mismo sentido, Brasil y Paraguay, a través de sus cancillerías, exigieron respeto a la independencia de poderes.

El Congreso de Costa Rica aprobó una moción que condena el “golpe de Estado”. Paralelamente, en casi todos los parlamentos de la región, salvando la escasa participación sobre el tema por parte del liderazgo político del Caribe, sectores, en algunos casos mayoritarios y en otros minoritarios, han fijado una posición de rechazo a las prácticas autoritarias del gobierno de Maduro y expresaron solidaridad con el Poder Legislativo venezolano. Destacan las bancadas de Bolivia, Uruguay y Ecuador.

México y Uruguay han sido los más ecuánimes en sus condenas y buscan seguir una ruta institucional, frente a un conflicto donde las instituciones democráticas son precisamente las vulneradas e ignoradas. Ambos estados han mediado para que el Consejo Permanente de la OEA sea el espacio donde se diriman los conflictos o, al menos, se discutan hasta llegar a alguna resolución consensuada. No obstante, estas dos administraciones no han consentido el accionar del secretario general del ente hemisférico, Luís Almagro, la voz internacional más crítica e incisiva en este conflicto.

Mientras tanto, el líder opositor Henrique Capriles, diversos congresistas electos y dirigentes como María Corina Machado, han sido despojados de sus pasaportes para evitar que sus denuncias lleguen a instancias como la ONU. Estudiantes universitarios, jóvenes manifestantes, y partidarios de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Vente Venezuela y el resto de las fuerzas políticas disidentes son vejados y asesinados en las calles. Distintos sectores de la sociedad siguen protagonizando marchas contra el régimen chavista y nuevas voces se suman al descontento. Resaltan, por su impronta y valor estratégico para el gobierno, las continuas críticas de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y más recientemente, del magistrado Danilo Mojica, miembro del complaciente Tribunal Supremo de Justicia.

Las expresiones populares se repiten en distintas capitales y ciudades de Latinoamérica y dejan al régimen venezolano cada vez más solo, preso de una desesperación mayor, sin capacidad de ofrecer una solución que detenga lo que ya desde hace tiempo era indignante y hoy es, sin duda, inadmisible.

Venezuela no está sola, pero necesita la solidaridad de todos los frentes, por todos los medios posibles. La situación exige la suma de esfuerzos para presionar por la recuperación de la democracia frente la nueva dictadura instalada en el vecindario.

           ***

Ángel Arellano / Carlos Castillo

[1] El 26 de mayo de 2017 el Foro Penal Venezolano denunció más de 2800 detenciones  en las protestas contra el chavismo. Informaron que 341 personas han sido presentadas ante tribunales militares y 178 se encuentran presas bajo esa jurisdicción.

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