La crisis humanitaria de Venezuela no se ha detenido. Es la principal de América Latina con un éxodo de millones de ciudadanos. El sistema de salud y la economía del país colapsaron antes de que el Coronavirus fuera siquiera un rumor. Los números oficiales que muestra el régimen autoritario de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), no son tomados en cuenta por quienes siguen con seriedad la temperatura de la calamidad. El sub-registro de los verdaderos datos de la crisis y la desmantelada institucionalidad son dos variables que llevan a los órganos multilaterales y a la prensa a fiarse más del trabajo de las ONGs que en la dudosa información estatal.
Arremetida contra la verdad
Las ONGs y asociaciones civiles sin fines de lucro en Venezuela trabajan rastreando las violaciones a los derechos humanos (DDHH) y la catástrofe humanitaria. Estas organizaciones son el respiro de muchas personas que a través de ellas han conseguido ayuda para sus tratamientos médicos, alimentos y contención social. No hablamos de corporaciones del capital trasnacional, sino de redes ciudadanas para proveer medicinas a pacientes crónicos o alimentos a familias en situación de extrema vulnerabilidad, brindar asistencia jurídica gratuita o investigación social. Son organizaciones con años de trabajo en zonas populares que documentan lo que ahí ocurre. No obstante, el pasado 30 de marzo, el Ejecutivo decretó una normativa para colocar el registro de las ONGs y demás en la órbita de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, bajo el pretexto de que son plataformas para el terrorismo y la desestabilización del régimen. Una medida que busca intervenirlas e ilegalizarlas.
El 18-05-2021, el presidente argentino, Alberto Fernández, declaró públicamente que el tema de los DDHH en Venezuela “poco a poco fue desapareciendo”, como si los crímenes contra las personas y el Estado de terror instalado por el PSUV fuera como esas incómodas manchas en la ropa que luego de varios lavados, van matizándose hasta volverse opacas y luego uno se acostumbra hasta hacerlas imperceptibles. Como tamaña declaración de la primera autoridad de un país importante en Latinoamérica solo puede generar rechazo, por la insensibilidad y omisión a las víctimas, es necesario hacer de tripas corazón para resumir lo que ha sido la sistemática y vigente violación de todas las libertades y garantías de un pueblo que desde hace muchos años sufre y resiste.
En números
A fecha del 25-05-2021 Venezuela tiene 301 presos políticos: 127 militares y 174 civiles. 280 son hombres y 21 mujeres. Entre enero de 2014 y el 28 de febrero de 2021 se registraron 15.697 personas detenidas por fines políticos, de las cuales 9.331 permanecen sometidas a medidas cautelares, y 870 civiles procesados inconstitucionalmente ante la jurisdicción penal militar.[1] ¿Tiene esto algo que envidiar a las crueles dictaduras de los setenta y ochenta?
El 21-09-2020 Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los DDHH (ACNUDH), expuso su preocupación por los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados de Venezuela como resultado de operativos de “seguridad” instruidos por el Estado. “Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto [2019], llegando a más de 2.000 muertes desde enero [a septiembre] de 2020”, dijo. Un año antes, el 04-07-2019, había dado cuenta de 6.800 ejecuciones extrajudiciales como efecto de una estrategia del régimen “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”. Los informes de la ACNUDH han documentado ataques de grupos civiles armados progubernamentales contra opositores políticos, manifestantes y periodistas. Sus conclusiones indican que el Ejecutivo y autoridades estatales de alto nivel han concurrido en crímenes de lesa humanidad.[ii] Aun es incierta la cifra total de personas fallecidas y desaparecidas en las diferentes protestas contra el gobierno reprimidas con saña y brutalidad.
Hambre
En un país como Venezuela, donde el salario mínimo oficial es el equivalente a USD 2,5 y la canasta alimentaria familiar ronda los USD 321, en la calle solo se habla de hambre y miseria.[iii] Caritas Venezuela reportó en julio de 2020 que un 57% de los hogares venezolanos estaban en situación de privación alimentaria, la tasa de desnutrición aguda infantil había alcanzado el 15%, un 59% de los niños tienen retraso del crecimiento o riesgo de retraso, 51% mujeres embarazadas con déficit nutricional agudo, y 83% de hogares no cuentan con acceso al agua continua.[iv] ¿Cómo fue que más de 5 millones de personas huyeron de un país tan próspero? ¿No es acaso evidente la respuesta?
La violación de los DDHH no se ha detenido, no está “desapareciendo”. Está peor que nunca. La gente muere de mengua mientras una minoría baila en cadena nacional de radio y televisión al son de la música del régimen. Es obsceno cómo éste se burla de la tragedia bajo la bandera de un proyecto socialista que derivó en un sistema criminal. El compromiso de los demócratas es seguir visibilizando y denunciando esta situación instalada en las venas de la región. Lo peor que le puede pasar a las víctimas es ser olvidadas. “Prohibido olvidar” también quiere decir “prohibido restarle importancia”. El compromiso con la memoria y la justicia es una obligación moral.
Artículo publicado originalmente el 03 de junio de 2021 en el Semanario Voces de Uruguay
[1] Foro Penal Venezolano. Ver en foropenal.com
[ii] Informes ACNUDH. Ver en ohchr.org
[iii] Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
[iv] Informe abril-julio 2020 de Caritas Venezuela. Ver en caritasvenezuela.org
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